“Somos ejemplo en materia penitenciaria para las naciones en el mundo”, fueron las palabras que expresó la ministra para los Servicios Penitenciario, Iris Valera, el pasado lunes 7 de noviembre, luego de que Venezuela fuese sometida al Examen Periódico Universal (EPU) ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Dicho examen está basado sobre tres aspectos importantes que se deben cumplir: elaboración de un informe por el Estado, el cual es inspeccionado; una recopilación de la información emitida por las Naciones Unidas sobre el Estado estudiado; y un compendio sobre la información obtenida por los presentes interesados, incluyendo a los representantes de la sociedad civil.

A pesar de la visión ofrecida por la ministra, el pasado miércoles 5 de octubre algunos de los familiares de los reos que se encuentran en la Penitenciaria General de Venezuela (PGV) protestaron en las inmediaciones del Palacio de Miraflores y en la sede administrativa de la Asamblea Nacional.

Esta manifestación fue motivada por la denuncia realizada por los mismos privados de libertad de la PGV debido a la muerte por tuberculosis de uno de los prisioneros, así como por la mala situación en la que se encuentran otros 24 privados de libertad.

El director de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, afirmó en entrevista con Pluma que “es una inmensa irresponsabilidad la que tuvo la ministra Valera cuando realizó la rueda de prensa afirmando que en las cárceles de nuestro país no pasa nada mientras que los reos mueren por las malas condiciones en las que viven”.

El artículo 2 del Código Orgánico Penitenciario estipula que “son competencias del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario diseñar, formular y evaluar políticas, estrategias, planes y programas, regidos por principios y valores éticos, destinados a garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos fundamentales de los procesados y procesadas, penados y penadas, así como procurar su rehabilitación y mejorar sus posibilidades de reinserción en la sociedad”.

Por eso, según Nieto Palma, “lo que dijo la ministra Valera va en contra de lo que está estipulado en el Código Orgánico Penitenciario y el mismo decreto de creación del ministerio que dirige”.

El director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, afirmó en entrevista con Pluma que “la gestión que ha tenido la ministra Iris Valera en los últimos 5 años solo ha empeorado la situación de las cárceles”, tomando en cuenta además que “los recintos como los del Sebin, Guardia Nacional o CICPC son de retención preventiva, pero hay casos de personas que cumplen hasta dos años en el mismo, sufriendo enfermedades como tuberculosis, sarna o hepatitis”.

Apuntó a la problemática que se ha tenido en los últimos años con el debido derecho al proceso, ya que “muchos de los que se encuentran en prisión no han recibido su debida sentencia”.

Afirmó que el problema del hacinamiento va más allá de las rejas, debido a que “no solo amenaza la vida de quienes están privados de libertad, sino también de sus familiares”.

El primer EPU a Venezuela fue realizado en el 2011. En esa oportunidad se formularon una serie de recomendaciones al Estado, entre las cuales destacaba mejorar las condiciones generales de detención y poner fin al hacinamiento. Sin embargo, según resaltaron los voceros de las ONG, ninguna de estas sugerencias ha sido acatada.

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