Los análisis y conclusiones contenidos en el presente documento, son de la exclusiva
responsabilidad de la autor y en nada comprometen al Instituto Latinoamericano de
Investigaciones Sociales (ILDIS) y al Observatorio Venezolano de Prisiones, como
organizaciones que coordinaron su elaboración y promovieron su debate público.
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Investigaciones Sociales (ILDIS)
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Jefe de Proyectos del ILDIS
Asistente:
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Asistente de Proyectos del ILDIS
Autor: Maria Gracia Morais
La impresión y reproducción total o parcial de este documento es permitida, siempre y cuando
se mencione su autora y las instituciones que coordinaron su elaboración.
INDICE
El privado de libertad como sujeto de derechos 1
Los derechos humanos de los reclusos en las cárceles venezolanas 2
La violencia en las cárceles venezolanas. Determinantes claves 3
La política gubernamental en materia carcelaria durante los últimos 10 años. Aciertos
y desaciertos 5
Propuestas 15
1
El privado de libertad como sujeto de derechos
El sujeto penalmente condenado tiene derechos: los fundamentales, inherentes a
toda persona humana, reconocidos en Convenios y Pactos Internacionales,
consagrados en las Constituciones a favor de todas las personas y que no se
pierden por efectos de la condena penal, así como los específicos que se derivan
de la sentencia condenatoria, de la particular relación que se establece entre el
sancionado y el Estado que lo condenó. Efectivamente, en un Estado de Derecho
la relación entre el Estado y el sentenciado no se define como una relación de
poder sino como una relación jurídica con derechos y deberes para cada una de las
partes. El condenado tiene, pues, con el Estado una relación de derecho público y,
salvo los derechos perdidos o limitados por la condena, su condición jurídica es
igual al de las personas no condenadas. Lo mismo ocurre con más razón, con los
procesados, debido a la presunción de inocencia de la que gozan.
La normativa venezolana reconoce expresamente a los privados de libertad como
sujeto de derechos. En efecto, el artículo 272 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece que “el Estado garantizará la
rehabilitación del interno o interna y el respeto de sus derechos humanos”. Por
su parte, la Ley de Régimen Penitenciario (LRP) inspirada en las Reglas Mínimas de
la ONU, promulgada el 21 de julio de 1961, reglamentada el 07 de octubre de
1975, reformada el 17 de agosto de 1981 y el 17 de mayo del 2000, contiene los
principios que orientan el cumplimiento de las penas privativas de libertad y trata
de desarrollar algunos derechos individuales y sociales de los reclusos consagrados
en los instrumentos internacionales y en la Carta Magna.
En efecto, el artículo 2° de la LRP, contiene el mandato general de respeto de los
derechos humanos de los condenados, tanto los “uti cives”, como los
específicamente penitenciarios, cuando dice:
“Durante el período de cumplimiento de la pena deberán
respetarse todos los derechos inherentes a la persona
humana consagrados en la Constitución y leyes nacionales,
tratados, convenios, acuerdos internacionales suscritos por la
República, así como los derivados de su particular condición de
condenado”. (destacado nuestro)
Asimismo, el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), desde su promulgación en el
año 1998 y en sus sucesivas reformas también reconoce que el condenado tiene
derechos y el derecho a defenderlos, atribuyendo al juez de ejecución la garantía
de los mismos. Los artículos 478 y 531 del COPP no permiten ninguna duda al
respecto. La CRBV, el COPP y la reforma de la LRP del año 2000, son eventos de la
mayor trascendencia para el sistema penitenciario, pues introdujeron en el país,
por lo menos a nivel legal, el paradigma de los derechos humanos de los privados
de libertad y permitieron albergar la esperanza de que se generarían cambios muy
positivos en la situación penitenciaria.
2
No cabe duda de que el marco jurídico venezolano, pese a algunas deficiencias,
incoherencias e inconsistencias, tanto en la norma constitucional como en las
legales, es suficiente para propiciar la garantía de los derechos humanos de los
reclusos. Pero una cosa es el reconocimiento formal de unos postulados
garantizadores de derechos humanos y otra muy distinta es la verificación efectiva
de los mismos en el interior de las instituciones penales. La historia y la realidad de
las prisiones ponen de manifiesto que es precisamente allí donde se vulneran todos
y cada uno de los derechos de los reclusos.
Los derechos humanos de los reclusos en las cárceles venezolanas
Nadie en Venezuela desconoce lo que sucede en las cárceles del país:
hacinamiento, insalubridad, ocio, drogas, corrupción y violencia, traducida en
huelgas, motines, tenencia de armas, muertes, heridos y secuestrados, en fin,
violación de todos los derechos humanos de los internos.
En Venezuela la violación de los derechos humanos de los reclusos no es un
fenómeno reciente. De hecho, ha sido una práctica consuetudinaria en los últimos
50 años, conforme se puso de manifiesto en una reciente investigación
académica1
1 Se trata del trabajo denominado “El sistema penitenciario venezolano durante los 50 años de la
democracia petrolera, 1958 – 2008” realizado por Maria Gracia Morais y concluido en julio de
2009.
, la cual revela el sistemático incumplimiento de los derechos a la vida,
integridad personal, salud, educación, trabajo y asistencia social. En efecto, la
gestión programática del Ministerio de Justicia, durante esos años, en las áreas de
educación, trabajo, salud y asistencia social, aspectos básicos para lograr la exitosa
reinserción social del recluso y para garantizar sus derechos humanos, obtuvo
mediocres resultados, tanto cuantitativos como cualitativos, tal como se desprende
del análisis de estos aspectos realizado en la investigación. En educación formal,
donde se obtuvo los mayores logros, ha variado la cobertura con el paso de los
años: mientras en los 60 se incluía cerca del 50% de la población reclusa, en los
años 70 este porcentaje rondó el 30%. Entre los años 1979 y 1998 jamás se
incluyó más del 24% de la población reclusa; en los primeros años de la década
del 2000 los incluidos llegan al 67,74%, supuestamente a causa de la introducción
de las misiones educativas en las prisiones, pero en el año 2007 era sólo el
37,92% de los reclusos que estudiaban. En el aspecto laboral, la Caja de Trabajo
Penitenciario, durante los 50 años estudiados jamás logró emplear más del 13%
de la población reclusa y en el mejor de los momentos nunca pasó del 40% la
proporción de reclusos que realizaron alguna actividad productiva, la mayor parte
de ellos trabajando por su cuenta, sin contar con ninguna formación laboral
consistente y realmente útil. En el área de salud, la atención fue siempre
deficiente, con falta de médicos, medicinas y otros insumos, sin una política
integral que respondiese a las necesidades específicas de los centros de reclusión y
carentes de posibilidad de incidir en las causas que impidieron la garantía del
derecho a la salud de toda la población reclusa. No es de extrañar, pues, que las
3
cárceles insalubres hubiesen sido escenario de toda clase de epidemias y
enfermedades infecto-contagiosas, especialmente en los últimos 20 años, pues la
atención medico-sanitaria fue empeorando progresivamente. Igual deterioro sufrió
el servicio social en las cárceles, que había sido objeto de particular atención del
Ministerio de Justicia, principalmente en la década de los 70, cuando se asistía
socialmente al recluso y sus familiares durante el cumplimiento de la pena y
después del egreso. A partir de los 80, la cobertura y el tipo de servicio se fue
reduciendo hasta limitarse a atender situaciones de emergencia, y a la realización
de estudios psicosociales.
La violencia en las cárceles venezolanas. Determinantes claves
La violación del derecho a la vida y a la integridad personal se concreta a través de
la cada vez más creciente violencia carcelaria. Dicha violencia es pluridimensional,
pues se manifiesta de cuatro formas: la ejercida por el propio Sistema de
Administración de Justicia Penal, que se manifiesta a través del retardo procesal,
ausencia de defensores públicos, comida insuficiente, el estado ruinoso de los
establecimientos, falta de higiene y de atención médica; la ejercida por el personal
penitenciario, que se concreta a través de los malos tratos a los reclusos, cobros
indebidos, trato vejatorio a las visitas; la ejercida por los internos entre sí, que
serían los pagos por protección, reducción a la condición de esclavitud, chantajes,
extorsiones y todo tipo de delitos cometidos por unos internos contra otros
(homicidios, lesiones, hurtos, atracos, violaciones, etc.) y la ejercida por los reclusos
en contra de la autoridad, manifestada a través de resistencia a órdenes y requisas,
motines, huelgas, fugas y secuestro de familiares.
Ninguna de estas formas de violencia es nueva, pues estudios académicos ya la
analizaron en los años 70 del siglo pasado2
, aun cuando, en aquel momento el
fenómeno no tenía ni remotamente las dimensiones cuantitativas ni las
características cualitativas que presentan hoy3
2
Se trata de la obra de Mirla Linares Alemán, “El sistema penitenciario venezolano (1975)” y de la
investigación “La violencia en la cárcel venezolana”, realizada por Tosca Hernández, Luís Bravo
Dávila y Mirla Linares en 1974.
3
En efecto, las investigaciones revelan que en los años 1972 y 1973 murieron en riña 32 reclusos,
16 en cada año; fueron lesionados en riñas 129 internos en 1972 y 145 en 1973. El año 1974 fue
considerado, en aquel entonces, como el más sangriento de la historia penitenciaria del país,
habiendo sido escenario de huelgas de hambre, motines, fugas, muertes y lesiones.
. Este flagelo, sin duda, se ha
agudizado en los últimos 20 años, con un saldo de muertos y heridos realmente
escandaloso e inaceptable. Venezuela tiene hoy las cárceles más violentas de
latinoamérica. En efecto, es sobradamente conocido por todos los especialistas e
interesados en la materia, que según datos del Observatorio de Prisiones, entre
1999 y 2008, han fallecido en los establecimientos penales del país 3.664 reclusos,
es decir, un promedio anual de 366 hombres. En el mismo lapso resultaron heridos
11.401 individuos, lo cual significa un promedio de 1.140 lesionados cada doce
meses. Obsérvese que, además de estas preocupantes cifras de muertos y heridos,
hay constantes reportes de violación a la integridad física. Maria Gracia Morais

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